Entre los años 1995 – 2000, según cifras
oficiales, se hicieron en el Perú 331,601 ligaduras de trompas y 25,590
vasectomías. La cifra podría haber sido mayor en atención al subregistro cuya
existencia hoy conocemos. Para hacer esto posible fue necesario cambiar la Ley de Población que prohibía
la esterilización y el aborto como métodos de planificación familiar. Pero hubo
además toda una estrategia destinada a imponer y privilegiar éste por encima de
cualquier otro método. Así, se cambió la Ley General de Salud para prohibir la objeción de
conciencia y decretar la gratuidad absoluta sólo para evitar nacimientos, se
sustituyó el nombramiento de médicos por la contratación de los mismos en
períodos no mayores de tres meses renovables y se designó un Ministro de Salud
no médico para evitar su sujeción al Colegio Médico del Perú y a sus normas
éticas.
PRESENTACIÓN
Las familias peruanas
presentan una composición, una estructura y relaciones entre sus integrantes
variadas, tanto como son las distintas culturas que existen en el país. Los
cambios sociales se expresan al interior de la dinámica familiar.
En el Perú tenemos una realidad multilingüe y pluricultural.
Existen 56 lenguas nativas. Entre las principales encontramos las de origen
andino ( quechua y aymara ), utilizadas por siete y medio millones de personas
aproximadamente. Otras 300,000 personas hablan lenguas de origen amazónico,
pertenecientes a doce familias lingüísticas. Si bien se calcula que un 70% de
la población peruana habla castellano, hay que tener en cuenta que un 16% de
ella es bilingüe o sólo se expresa en su idioma nativo.
[2]
La familia extensa o ampliada es de particular importancia en
las comunidades andinas pero la familia nuclear es la unidad básica en esta
sociedad. Otorga el estatus de comunero al varón adulto y facilita la
transmisión de bienes, títulos, posición, nombres y hasta habilidades
productivas. La mujer es valorada – como ocurre con todos los miembros de la
familia – de acuerdo a la función que desempeña en las estrategias de sobrevivencia
y es insustituíble al interior del grupo en función de su maternidad : ella
traerá al mundo a los hijos y se encargará de su cuidado básico,
transmitiéndoles los valores, creencias y pautas culturales que a su vez
recibió de su madre.
Las mujeres campesinas viven en un medio rural que les es
natural y dentro de una cultura que, a pesar de sus muchas limitaciones, les es
propia. Se mueven en su medio y actúan en él con familiaridad. Acogen con
facilidad los roles que se les impone sin
resistencia
ni protesta, aún cuando adviertan que sus posibilidades queden limitadas. No
están acostumbradas a tomar parte en las decisiones que les atañen. Su única
riqueza son sus hijos.
Ninguna de estas consideraciones fue tomada en cuenta en la
programación de las campañas de planificación familiar cuando la variedad en la
oferta de métodos de anticoncepción empezó a disminuir y se concentró en las
esterilizaciones..Las campañas eran focalizadas hacia las regiones indígenas,
aunque allá no se puede hablar de “sobrepoblación”. En algunas regiones, el
terrorismo ha diezmado las familias considerablemente. “Queremos tener más
hijos para reemplazar a los niños que el Sendero nos ha robado”, dicen los
ashaninkas que viven en la región amazónica donde 40% de las comunidades
desaparecieron.
La conclusión que los ashaninkas sacaron de las campañas
masivas fue : “quieren terminar con nosotros” ...
Pero tampoco se respetó la cosmovisión andina que subyace la
mentalidad de sus habitantes. Se atropelló así una serie de características
propias de uno de los grupos culturales más importantes
del país. Este menosprecio hacia la
población local se vió en el proceso de todas las campañas
como la circunstancia de enviar personal
médico ajeno a la población que no hablaba la lengua nativa ni entendía la
idiosincracia propia de los lugareños. Entre muchas características que se pasó
por alto señalaremos algunas particularmente significativas:
- Ignorar la concepción
del tiempo de las comunidades andinas,
completamente distinta a la nuestra. Viven el universo con un sentido más bien
cíclico, al día sigue la noche, la cosecha a la siembra, etc. de manera tal que
para ellos todo lo que se va vuelve y todo se repite. No programan o planifican
el futuro, viven y sobreviven el presente. Lo que pasó ayer y lo que pasará
mañana no tiene
tanta importancia en este
concepto circular
del
tiempo. Hoy pueden decir “no quiero tener más hijos” y nadie puede asegurar qué
pensarán mañana. No hay una idea cabal de lo que significa irreversible o
definitivo. Cuando han descubierto que nunca más tendrán un niño propio se han
sentido enojados, tristes y engañados.
- El valor de la integridad física dentro de las comunidades.
Inclusive, tienen que estar realmente muy adoloridas, muy enfermas, para
aceptar una operación. Este solo hecho hace más que cuestionable aceptar que
algo más de 300,000 personas hayan aceptado ser intervenidas quirúrgicamente
sin mediar presión alguna, incentivos o amenazas y existiendo, según dicen los
Manuales, la oferta de todos los otros métodos de anticoncepción.
Para ellos, el cuerpo es un factor muy importante y el
sólo hecho de haber sido víctimas de un corte ha causado perturbación. Muchas
sienten que han sido – y realmente es así – lesionadas corporalmente y no
quieren ir más al médico porque “les hizo un daño”...
- La falta de capacidad para decidir por cuenta propia o, lo
que es lo mismo, la fácil influenciabilidad de estas poblaciones. Uno de los
médicos entrevistados hablando del valor que podía tener o no el consentimiento
de las pacientes nos decía “ella mira, si la técnica dice que sí, la enfermera
dice que sí, la obstetriz dice que sí, el médico dice que sí ... ella también
va a decir que sí”.
- El vínculo existente en la mentalidad colectiva entre
fertilidad personal y fertilidad
del
campo.
Como para reforzar este sentimiento es de
conocimiento público que al mismo tiempo que sucedían las campañas se empezaba
a sentir el abandono
del agro por parte
del gobierno. No es
extraño que muchas campesinas sientan como una unidad la “sequedad de sus
cuerpos” y la “sequedad de sus campos” y piensen que si consiguen tener un
hijo, sus tierras volverán a ser fértiles ... Se sienten avergonzadas y
culpables ante la comunidad y ante sus propios esposos que ya no las consideran
como antes de ser ligadas.
- La poca costumbre de la mujer andina de defender sus
derechos. Desde niñas sólo saben de deberes. De pequeñas, protegidas y sujetas
a sus padres; de casadas, a sus esposos. No están entrenadas para defenderse de
las agresiones, particularmente si éstas vienen de la mano de personas que se
les han presentado
como
benefactoras. Cuando han descubierto el engaño y las violaciones de los que han
sido objeto, la mayoría han empezado a presentar una serie de somatizaciones
que van desde dolores de cabeza y dolores corporales varios hasta incapacidades
funcionales. Otras presentan cuadros depresivos de severidad variable.
- Su sentido
del
pudor y la falta de familiaridad con actos médicos y procedimientos
quirúrgicos. Esto se pone en evidencia cuando algunas se quejan de que no van a
ser las mismas por haber tenido que desnudar su vientre y sus genitales ante
los ojos de hombres desconocidos. Otras han vivido la operación
como una “experiencia
mítica” : “primero nos hicieron morir (anestesia ), más tarde nos resucitaron”.
LEGISLACION PERUANA y POLITICA DE POBLACIÓN
El gobierno del Presidente Alberto Fujimori, poco tiempo
después del autogolpe del 05 de Abril de 1992, declaró el decenio 1992-2002
como "Década de
la Planificación Familiar", denominación
aprobada por Resolución Ministerial Nº 0738-92-SA/DM, del 02 de Diciembre de
1992.
La secuencia de cambios legislativos de mayor importancia,
relacionados con esta preocupación gubernamental por la planificación familiar,
sucedidos en su período fueron los siguientes:
1995.- El Ministerio de Salud reorientó e impulsó el Programa
"Mujer, Salud y Desarrollo", creado en 1990 y aún vigente, el cual
considera el enfoque de género como orientador de las actividades de salud
relacionadas con la mujer.
1995.- Se modificó la "Ley General de Población"
para permitir la esterilización
como
método de planificación familiar y adecuarse a los objetivos y estrategias de
la Política Nacional
de Población ( Ley Nº 26530, del 09 de Setiembre de 1995 ). Hasta entonces la esterilización
y el aborto estaban expresamente prohibidos
como métodos de anticoncepción.
1996.- En Febrero de 1996 el Ministerio de Salud aprobó el
"Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000",
instrumento de política que reconoce la salud reproductiva como un derecho
humano y social fundamental. Este programa incorpora en su contenido el
lenguaje y la orientación de equidad de género y considera la situación social
y económica de las mujeres
como
condicionante de la salud reproductiva. Asimismo, subraya la gratuidad, tanto
de los servicios
como
de los métodos anticonceptivos, incluyendo la cirugía de esterilización.
1996.- Creación del Ministerio de Promoción de
la Mujer y del Desarrollo Humano
( Octubre, 1996 ) que cuenta
como una de sus funciones "velar por el
cumplimiento de los programas y las plataformas de acción suscritos por el Perú
en las conferencias mundiales relativas al desarrollo humano..."
Uno de los primeros organismos transferidos al fuero de
control de este Ministerio fue el Consejo Nacional de Población. Otra de sus
funciones es impulsar la ideología de género - que en la práctica se traduce en
la banalización de conductas sexuales alternativas - proponiendo el
empoderamiento de la mujer, así
como
concientizar a las mujeres y "crear la demanda de servicios de
planificación familiar que será cubierta por el Ministerio de Salud".
1997.- Se promulgó la "Ley General de Salud" con
las "novedades" siguientes:
- el único servicio gratuito garantizado por ley, es el suministro
de la más amplia gama de anticonceptivos y la anticoncepción quirúrgica
(esterilización);
- para el caso específico de la esterilización
-considerándose un derecho de la persona- sólo se requiere el consentimiento
escrito de él (la) usuario (usuaria)
- se da acceso al empleo de técnicas de reproducción asistida
con la única salvedad de que la madre genética y la madre gestante sean la
misma persona;
- se elimina la posibilidad de la objeción de conciencia, por
la cual los profesionales de la salud podían antes oponerse a llevar a la
práctica procedimientos reñidos con sus creencias y normas morales.
LAS “ AQV”s
En las últimas conferencias internacionales organizadas por
Naciones Unidas – la de Población ( El Cairo, 1994) y la de
la Mujer ( Pekín, 1995) – se
discutió una serie de temas que debían ser considerados para mejorar la
situación de las mujeres del mundo. La necesidad de promover el acceso a la
educación de las niñas; velar por las condiciones de su nutrición y su salud;
revisar el ordenamiento legal en materia laboral para que un mayor número de
mujeres tuvieran la oportunidad de trabajar y salir de su condición de pobreza
extrema; luchar decididamente contra la explotación de la mujer, combatiendo
desde la pornografía hasta la prostitución, fueron puntos prácticamente de
consenso y pasaron a
la
Plataforma de Acción sin mayores reservas.
Pero hubo también temas profundamente controversiales que
provocaron reserva expresa de muchos Estados participantes. En una y otra de
las reuniones mundiales mencionadas se trató con insistencia de introducir por
ejemplo conceptos como “salud reproductiva”, “derechos sexuales de los
adolescentes”, “perspectiva de género” y “despenalización del aborto”, para
poder incluir este último en el listado de métodos de control de la natalidad.
Curiosamente, los temas de consenso han sido muy poco
trabajados en los diferentes países, a pesar de que en la mayoría la condición
socio-económica de las mujeres no ha mejorado ciertamente después de El
Cairo y Pekín.
Una de las razones para este poco empeño en cumplir la
llamada Plataforma de Acción en los puntos consensuales que sí preocupan a
todas las mujeres, radica en que la cooperación externa destinó sumas
millonarias para todos los programas relacionados con política de población,
incluyendo esterilizaciones, educación sexual orientada hacia la introducción
de la perspectiva de género y, una cada vez más abierta, promoción del
ejercicio de la sexualidad adolescente.
En este contexto, al asumir su segundo mandato, el Presidente
Fujimori anunció, en un encendido discurso del 28 de Julio de 1995, que
llevaría a cabo un agresivo programa de control de la natalidad.
Aprobada
la Ley,
el Ministerio de Salud puso en marcha una campaña intensa orientada a promover
la esterilización masiva de la población, con especial énfasis en mujeres
pobres de las zonas rurales de la sierra, selva y zonas urbano marginales de
nuestro país, con la participación simultánea de USAID, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas y la intervención de diversas ONGs.
El 1° de Julio de 1996, el diario “
La República” publicó el
anuncio de que el “Gobierno empieza en provincias su plan masivo de
esterilización”, dando cuenta que la primera experiencia había sido llevada a
cabo en Puno y que el objetivo había sido la captación de tres mil personas
para este método de anticoncepción irreversible... Asímismo, se detalla el plan
piloto elaborado para las localidades de Sayán y Oyón en el cual destaca la utilización
de niños de primaria para motivarlos “a incentivar a sus madres” a someterse a
estas intervenciones y a “identificar a los niños con tres hermanitos o más...”
[3]
De inmediato, en la edición del día siguiente, funcionarios
del gobierno negaron todo lo afirmado, aunque los hechos lo corroboraron
después.
El primer paso para priorizar la esterilización como método
anticonceptivo fue pues la realización de Festivales de
la Salud en los que, mediante
pancartas, ferias y otros medios, se promocionaba la esterilización gratuita. En
muchos casos no sólo se utilizó la promoción
del método. También se recurrió a mecanismos
de presión de diferente tipo. Se aprovechó de la ignorancia y docilidad de la
población efectuando en ocasiones “barridos” casa por casa, caserío por
caserío, en condiciones médicas deplorables y a veces bajo amenaza de suspender
programas de asistencia alimentaria o privar de atención médica a los niños.
QUEJAS Y DENUNCIAS
A partir de Diciembre de 1995 empezaron a escucharse las
primeras quejas que se convertirían en denuncias formales hasta motivar
investigaciones a nivel nacional
[4] e internacional. En unas y otras el denominador común
fue el señalamiento de la falta de garantías para la libre elección; tendencia
compulsiva en la aplicación del programa recurriendo a incentivos y/o amenazas;
puesta en marcha de festivales o campañas de anticoncepción quirúrgica
privilegiando este método definitivo más allá de cualquiera otra opción;
establecimiento de “metas” – cantidad de mujeres que deberían ser esterilizadas
– y, más aún, de “cuotas de captación” para el personal de salud en sus
diferentes niveles
[5]; y, las condiciones en que se llevaba a cabo el mismo acto
quirúrgico : locales inadecuados, personal no capacitado, ausencia o
deficiencias en el seguimiento posterior a la intervención, etc.
Los oponentes de la campaña de esterilización constituyeron
una sorprendente alianza, sin precedentes en la historia del Perú. Grupos de
la Iglesia Católica,
colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales feministas, grupos
pro vida y de derechos humanos se unieron para oponerse a la campaña anti vida
y contraria a la libertad. Los grupos presentaron y documentaron numerosos y
graves problemas, incluyendo el hecho de que la campaña estaba coaccionando a
las mujeres de bajos recursos, que ni siquiera estaba siguiendo las más mínimas
pautas de la medicina, y que les había causado la muerte a por lo menos 18
mujeres que habían sido forzadas a someterse a estas intervenciones.
El Population Research Institute ( PRI) envió un investigador
y un equipo de camarógrafos al Perú a finales de enero de 1998 para documentar
los abusos de la campaña. El reportaje del PRI ayudó a generar suficiente
interés por parte del Congreso de EE.UU. de tal manera que se obtuvieron
audiencias públicas en las cuales se presentaron testigos del Perú.
El gobierno peruano negó la existencia de planes
esterilización, cuando el Defensor del Pueblo, líderes de derechos humanos y
la Iglesia pidieron
explicaciones y exigieron una reforma a los planes de control de natalidad.
En 1998, Jorge Parra, director
del programa de Planificación Familiar y de
Salud Reproductiva del Ministerio de Salud del Perú, confesó oficialmente dos
cosas devastadoras. Dijo que era "obvio" que el gobierno no iba a
lograr alcanzar la "meta" de 78.000 ligaduras de trompas para 1998. Esta
fue la primera vez que un funcionario peruano admitía que el gobierno había
fijado metas anuales para el programa. En segundo lugar, Parra anunció que el
Ministerio había terminado sus "festivales de esterilización", cuya
existencia el gobierno había negado previamente.
El PRI y otros grupos de derechos humanos lograron documentar
el hecho de que las campañas comenzaron después de que el gobierno del
Presidente Alberto Fujimori obligara a la legislatura peruana a cambiar la ley,
de muchos años por cierto, que prohibía el uso de la esterilización o del
aborto como medios de "planificación familiar" en el país.
Los planes para las campañas comenzaron en
Lima, donde los funcionarios usaron criterios
económicos y sociales para elegir el sector del Perú que iba a ser sometido a
la esterilización. Las áreas elegidas casi siempre eran pobres y pobladas
principalmente por peruanos cuyos ancestros eran nativos. Cuando se terminó el
plan, el Ministerio reunió a los funcionarios locales en la región y ellos
comenzaron a buscar a las mujeres para ser esterilizadas. Según lo documentado,
las tácticas que se usaron para lograr que las mujeres aceptaran la
esterilización incluyeron los incentivos, el acoso, las amenazas y la
intimidación. Los funcionarios frecuentemente ofrecían alimentos y algunas
veces ropa a mujeres paupérrimas y a familias que estaban pasado hambre a
cambio de la esterilización.
Ninguna de las mujeres que el PRI entrevistó
como parte de su investigación, dijo que le
habían permitido dar ni siquiera algo parecido al consentimiento informado al
procedimiento. El PRI logró documentar casos de mujeres que ya estaban
colaborando con el movimiento en pro del control demográfico al consentir que
las vacunaran con
la
Depo-Provera cada tres meses, y que luego les dijeron que las
vacunas iban a ser "descontinuadas" y que ahora debían aceptar la
esterilización.
Cuando se le preguntó acerca de esta política particular al
Dr. Eduardo Yong-Motta, ex Ministro de Salud durante el comienzo de las
campañas y Consejero del Presidente Fujimori en asuntos de Salud, éste
respondió al PRI que "
la
Depo-Provera era muy cara". Luego añadió que al gobierno
le preocupaba que las mujeres se "olvidasen" de venir a recibir la
vacuna o aún de que decidiesen que no querían recibirlas más.
La Defensoría del Pueblo está investigando una creciente
lista de acusaciones hechas por mujeres víctimas de esta política o por
familiares de las mismas.
La magnitud de las denuncias, la comprobación de muchas de
ellas y la participación activa de fondos provenientes de los Estados Unidos en
el financiamiento
del
programa, motivó que el Congreso de los EE.UU. sancionara la llamada “Enmienda
Tiahrt”
[6] regulando la utilización de fondos de
la USAID por el gobierno
peruano.
La Enmienda Tiahrt impuso las pautas para los programas de
planificación familiar en otros países, prohibiendo que los fondos de
"planificación poblacional" de los EE.UU sean utilizados por los
programas que violen dicha ley.
Para calificar
para recibir ayuda de los EE.UU, los programas de planificación familiar en
otros países no pueden pretender cumplir con cuotas o blancos de participación.
Los programas o los gobiernos que reciben dicho apoyo para planificación
familiar no pueden presionar ni sobornar a las mujeres para que acepten métodos
de planificación familiar que no desean. Los gobiernos encargados de los
programas de planificación familiar no pueden sancionar a las mujeres que se
rehusen a utilizar la planificación familiar restringiendo su acceso a otros
programas o beneficios gubernamentales para cuales serían elegibles. Los
programas de planificación familiar extranjeros tienen la obligación de
informar a las mujeres totalmente en su idioma materno, sobre las medidas
alternativas de planificación familiar, incluyendo los así llamados métodos
naturales. Deben informarlas completamente sobre los posibles efectos
secundarios que pueden tener las drogas o los dispositivos anticonceptivos. Finalmente,
los programas de planificación familiar en otros países que estén probando una
droga o un dispositivo nuevo, o analizando su potencial de venta en el mercado
de una comunidad o área especifica, deben informar a las participantes que
están formando parte de un estudio antes de comenzar a utilizar dicho método.
El Population Research Institute realizó una segunda visita
al Perú, el 1 de diciembre 1999. Al volver presentó un informe indicando que
la Enmienda Tiahrt,
la nueva ley estadounidense que regla la financiación de programas sobre
poblaciones en el extranjero, no se respetaba en el Perú.
“
La USAID
seguía enviando dinero al gobierno peruano, para su planificación familiar y
medidas contraceptivas tal y
como
lo hicieron en 1997. Así que nada ha cambiado con respecto a la
financiación.”...
Pero, según algunos congresistas en
Washington, una cosa sí ha cambiado. Dados
los abusos continuos, ahora es ilegal la financiación
del gobierno peruano por
la USAID.
EL PROBLEMA DE LA NORMATIVIDAD DE
LAS “AQVs”
Las críticas en torno a las actividades de anticoncepción
quirúrgica voluntaria, antes de la modificación de la ley de población que la
legalizó e inmediatamente después de la misma, estuvieron centradas en
posiciones ideológicas o confesionales frente al tema de la esterilización y a
la flagrante violación de derechos humanos cuando se empezó a conocer que
podrían estar siendo forzadas o de carácter masivo.
Hasta ese momento se escuchaban algunas voces de
protesta.
Sin embargo, poco a poco, empezó a haber una creciente
conjunción de denuncias provenientes de muy diversas organizaciones. Ya no era
sólo
la Iglesia
o grupos vinculados con ella. Se empezaba a sentir preocupación en colegios
profesionales, organismos de derechos humanos, feministas, foros
internacionales, etc...Qué estaba pasando con la política de población en el
Perú ?
Ahora las críticas se relacionaban más bien con el modus
operandi. Esto es, se empezó a hacer público el rechazo a aspectos muy
concretos que tenían que ver con las formas de “captación” de personas;
incentivos al personal de salud; ausencia de evaluaciones pre-operatorias;
asepsia mínima y condicionamiento de quirófanos; anestésicos empleados;
cuidados post operatorios; seguimiento adecuado de las personas intervenidas,
etc. Aspectos que, a nuestro entender, tenían que haber sido considerados en un
manual de procedimientos...
Pero, había un manual ?
Repasando lo ocurrido en forma muy suscinta podemos reseñar
lo siguiente:
En 1995, año de la legalización de la anticoncepción
quirúrgica, las esterilizaciones se incrementaron ostensiblemente.
En 1996, primer año de “campañas”, las cifras triplican las
del año anterior. Si se
incluye las esterilizaciones realizadas por el entonces IPSS (hoy ESSALUD), las
fuerzas armadas y policiales, cuadruplican las cifras de 1995.
En 1997, hay otro incremento fuerte y se alcanza a 100,000
esterilizaciones.
Buscando la normatividad que debió enmarcar estas acciones,
encontramos una resolución ministerial - R.M. N° 071-96 SA/DM del 06 de Febrero
de 1996 – que autoriza el Programa de Salud Reproductiva y Planificación
Familiar 1996-2000, sin establecer ninguna precisión específica sobre las AQVs.
El primer “Manual de Normas y Procedimientos para Actividades
de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” fue elaborado en 1997, y nunca fue
publicado oficialmente.
Recién en Enero de 1998 se hace la publicación de una primera
revisión de este manual y se aprueba por Resolución Directoral N° 001-98-DGSP. El
tercer manual, fruto de una segunda revisión, se aprobó en Diciembre de 1998
por otra Resolución Directoral. Más adelante, en 1999, se aprobaría un cuarto
manual en atención a recomendaciones y exigencias de organismos
como la
Defensoría del
Pueblo y el Colegio Médico, entre otros.
Quiere decir que las esterilizaciones llevadas a cabo en el
período comprendido entre 1995 y buena parte de 1998, se hicieron sin contar
con un Manual de Normas y Procedimientos aprobado oficialmente. Es más, las
“Normas para la calificación de Puntos de Entrega de Servicios de AQV” así
como las “Normas para la
calificación de Médicos Cirujanos para AQV” , aparecieron el 05 de Noviembre de
1998, lo que podría contribuir a explicar muchas de las deficiencias
denunciadas.
Lamentablemente, también ilustra qué poco respeto mereció la
aplicación compulsiva de esta política que, llamándose “de salud reproductiva”,
tenía
como
objetivo impedir la reproducción.
CONCLUSIONES
- A partir del segundo semestre de 1995 se inició en el Perú una intensa
campaña de una “planificación familiar “ que privilegió la anticoncepción
quirúrgica por encima de cualquier otro método habiéndose registrado algo más
de 300.000 intervenciones de este tipo en el período comprendido entre los años
1995-2000, según estadísticas oficiales;
- Está demostrado que esta campaña fue diseñada y monitoreada
directamente desde
la
Presidencia de
la República habiéndose llevado a cabo reuniones
para su organización y compromiso de cumplimiento obligatorio convocadas y con
asistencia del propio Jefe de Estado;
- Se utilizó como estrategia la captación de personas
manipulando su condición de extrema pobreza y desinformación ejerciendo varios
tipos de presiones, desde el acoso domiciliario en forma de visitas reiteradas
hasta promesas de incentivos diversos consistentes en alimentos, atención para
sus hijos, etc.;
- Cuando estas técnicas no resultaron efectivas se recurrió a
las amenazas siendo las más constantes, que en el futuro no tendrían derecho de
pedir atención médica para sus hijos, que los niños que nacieran no serían
inscritos y que no serían beneficiarios de ninguno de los programas de
asistencia del Ministerio de Salud;
- En algunos casos se llegó a utilizar como mecanismo de
coacción la amenaza representada en las comunidades por las autoridades
policiales; en otros se anunció que el Ministerio de Salud había suprimido la
entrega de métodos anticonceptivos temporales y, en muchos, se aludió
directamente a que se trataba de órdenes del Presidente de
la República y que por esa
razón se ejecutaban sin costo alguno;
- En algunos pocos casos, las personas fueron convencidas de
que
la AQV era lo
mejor para ellas y dieron su consentimiento; en la mayoría, no llegaron a
entender a cabalidad en qué consistía la intervención ni mucho menos su
carácter de irreversible, existiendo señoras que confiaban en que la ligadura
era pasible de “desatada” cuando quisieran tener un niño;
- Entre las prácticas contrarias al derecho de las personas a
efectuar denuncias se utilizó la presión, el amedrentamiento hacia los
denunciantes, la negativa de los organismos pertinentes para recepcionar sus reclamos
y se llegó al extremo de ofrecer dinero al cónyuge sobreviviente a cambio de
silenciar el fallecimiento de su esposa como consecuencia de
la AQV;
- Se utilizó un tipo de publicidad engañosa que ofrecía la
felicidad y el bienestar como consecuencia de estas intervenciones; hoy las
personas esterilizadas distan de ser más felices o estar en mejores condiciones
económicas y se sienten estafadas;
- Las metas de programación indispensables para todos los
programas fueron rápidamente transformadas en cuotas de cumplimiento
obligatorio para cada profesional y cada establecimiento de salud;
- También hubo incentivos para profesionales de la salud que
consiguieron esterilizar a un mayor número de personas, así como se sancionó a
quienes no llegaron a cumplir las cuotas establecidas;
- Las AQVs ocurrieron a partir del segundo semestre de 1995
sin existir normatividad específica acerca de cómo, dónde, cuándo, en qué
condiciones y por quién debían ser ejecutadas, demostrando este solo hecho un
atropello a la dignidad de las personas;
- Los primeros manuales de procedimientos para estas
intervenciones aparecieron en Enero de 1997 y las normas que debían reunir los
locales para su ejecución así como la capacitación técnica, recién vieron la
luz en el mes de Noviembre de 1998, por lo que no es de extrañar que se hayan
realizado sin contar con requisitos mínimos indispensables para todo acto
quirúrgico, tanto en lo que atañe a locales como a profesionales capacitados;
- Más de la mitad de los establecimientos evaluados en los
cuales se realizó actividades de anticoncepción quirúrgica no cumplía con los
requerimientos mínimos para desarrollar las mismas, según los manuales vigentes.
RESPONSABILIDADES
Como en toda comisión de delitos continuados derivados de la
aplicación de políticas de Estado, tenemos que establecer las responsabilidades
de los autores intelectuales de aquellas y las correspondientes a los
ejecutores de las mismas. Esto, dentro
del ámbito nacional.
Sin embargo, a criterio de
la Comisión, tampoco podemos
ignorar que este accionar de atropellos y violación a los Derechos Humanos, no
hubiera sido factible de no mediar la asistencia de los organismos de
cooperación externa que financiaron en su casi totalidad los programas de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar. Habida cuenta que estas acciones “de
salud” se ejecutaron en condición de gratuidad total es imposible asumir que
sus costos fueron asumidos por el Estado peruano, más aún si consideramos que
se dieron en un momento en el cual se había dispuesto que los establecimientos
dependientes del Ministerio de Salud financiaran sus gastos bajo la modalidad
de ingresos propios convirtiendo al programa de planificación familiar – y
concretamente a la anticoncepción quirúrgica – en el único servicio gratuito
ofertado a la población.
Hoy sabemos que USAID fue la mayor fuente de financiamiento
de estos programas contribuyendo en siete veces más que el segundo mayor
financiador representado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Una
sola de las ONGs ejecutoras (REPROSALUD – Manuela Ramos) recibió de USAID 25
millones de dólares entre 1995-2000 para estos fines.
Existen claros indicios de que la anticoncepción quirúrgica
voluntaria tuvo
como
principal autor intelectual al ex presidente Ing.Alberto Fujimori Fujimori. Desde
su encendido discurso del 28 de Julio de 1995, sus reiteradas reuniones para
promover esta práctica, el reporte semanal que se le hacía de este programa, la
participación de
la Jefatura
de
la Casa Militar
de Palacio de Gobierno en la provisión de suministros, hasta el comentario del
propio personal de Salud, varias veces citado – “eran órdenes del Presidente de
la República”
- todo confluye en señalar que su interés personalizó estas directivas. A pesar
de la destrucción de una serie de documentos oficiales hemos conseguido
rescatar 56 claramente probatorios de por lo menos “asociación ilícita para
delinquir” ...
Los Ministros de Salud del período comprendido de 1995 al
2000, que negaron ante el Congreso de
la República y la ciudadanía que esto estuviera
sucediendo, como responsables de la política del Sector, son considerados
también comprometidos, así como los Directores del Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar y los Directores Regionales de Salud, con
responsabilidades variables según su grado de participación.
En atención a lo expuesto, consideramos un deber recomendar:
- La esterilización por motivos eugenésicos o razones
demográficas es moralmente inaceptable y es motivo de vergüenza para la
humanidad constituyendo delito tipificado a nivel internacional;
- Las políticas de Estado no deben reincidir en el error de
asumir decisiones que sólo corresponden al ejercicio libre e informado de cada
familia;
- Cualquier atropello o coacción o programa destinado en forma
particular a vulnerar los derechos de un grupo étnico particular debe motivar
la denuncia inmediata del mismo;
- Cualquier mecanismo de presión, coacción o amenaza de
privar a una persona o a sus familiares de ser beneficiario de otro programa
social condicionándolo a su aceptación de un método de planificación familiar
debe ser inmediatamente denunciado y sancionado de manera ejemplar;
- Debe quedar terminantemente prohibido proceder a la
ligadura de trompas en pacientes que son intervenidas por cualquier otro motivo
( cesárea o post aborto ) a menos que esté en riesgo su vida;
- El Estado deberá disculparse ante las comunidades
afectadas, comprometerse a que en esta nueva gestión la concepción de la
dignidad de la persona humana es su fin supremo y asumir la responsabilidad que
le cabe en los lamentables hechos ocurridos que será establecida por el Poder
Judicial, identificando personas pasibles de sanción y víctimas que deberán ser
objeto de reparaciones;
- Contemplando lo ocurrido en el Perú que ha ocasionado tanto
dolor a tantos, se solicita una revisión de la legislación vigente en materia
de políticas de población y propone al Ministerio de Salud la capacitación de
personal y la difusión de métodos naturales de regulación de la fertilidad que
no entrañan peligros para la integridad personal, respetan la dignidad humana y
el valor de la familia.
Finalmente, quisiéramos evocar desde aquí las palabras de
Mons. Augusto Beuzeville
Ferro ante estos hechos :
“Quienes asuman responsabilidades de gobierno, que nunca más
permitan siquiera diseñar un programa semejante; quienes trabajan por la salud,
que no olviden el fin supremo de su profesión : el preservar al ser humano; y,
que todos los ciudadanos del mundo, vivamos comprometidos con nuestra propia
esencia : la Vida”.
[1] Miembro de
la Comisión Investigadora
de las Actividades de AQV del Ministerio de Salud
[2] Pilar Dughi y cols. : “Salud Mental, Infancia y
Familia”,1995 / págs. 42-43
[3] se adjunta copia del archivo periodístico
[4] Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal Peruana,
Colegio Médico del Perú y CLADEM-Perú
[5] La Ley N°
26842, Ley General de Salud, del 15 de Julio de 1997, eliminó la objeción de
conciencia que permitía la oposición a llevar a la práctica actos reñidos con
creencias y normas morales del personal de salud
[6] Aprobada como Ley el 22 de Octubre de 1998
